Cuando una empresa (acuciada por la misma crisis) entra en quiebra, no es rescatada por los ciudadanos. Se disuelve y reparte entre sus acreedores. Cuando un parado pierde o agota sus prestaciones, el estado no acude a sufragar sus más elementales necesidades. Cuando un ciudadano, ahogado por esta misma crisis, no puede pagar su hipoteca, pierde el Derecho a Vivienda que le reconoce la Constitución, y no sólo no se acude a su rescate, sino que además se le persigue con una deuda odiosa aún después de haber sido desahuciado.
Los que han llevado a estas entidades a esta situación son los mismos que antes financiaban y tasaban las viviendas muy por encima de su valor (asumiendo riesgos inaceptables con el fin de continuar lucrándose a través de su negocio). Ellos son quienes deben responder a las pérdidas y a su mal hacer y no los ciudadanos soportando el peso del rescate. Baste como ejemplo la reciente operación en la que la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que vendió a 5.000 de sus clientes participaciones preferentes y deuda subordinada como depósitos sin riesgo, asegurando que en cualquier momento podrían retirar los fondos cuando actualmente estos usuarios no consiguen la devolución de sus ahorros que están siendo reclamados a través de la Asociación de Usuarios de la Banca. Los últimos rescates de la CAM y del Banco de Valencia, unidos a los de la Caja Castilla la Mancha y Caja Sur, se elevan a más de 12.000 millones de euros empleados en rescatar entidades crediticias (uno de los sectores causantes de la crisis). Ante este grave atentado al erario público, denunciamos públicamente esta situación y exigimos:
1- La paralización de rescates, préstamos o avales a bancos y cajas con dinero público y el compromiso de devolución del dinero público aportado, siempre que no sean para nacionalizar dicha entidad y su reconversión a banco público y ético, al servicio del interés general.
2- La depuración de todas las responsabilidades económicas y/o penales que correspondan derivadas de la mala gestión de los responsables de las entidades rescatadas. En particular, queremos hacer hincapié sobre el hecho de que la banca ha recibido préstamos y avales del estado con el fin de que se reactive el crédito a empresas y particulares. Dinero que la banca ha empleado en comprar deuda soberana y en multiplicar sus actividades especulativas en perjuicio de la soberanía nacional y el interés general.
3- La inmediata nacionalización y reconversión a banco público, ético y al servicio del interés general de todas aquellas entidades de crédito que hayan sido intervenidas o recapitalizadas con dinero público del Banco de España y el FROB. El banco público resultante deberá ser gestionado de forma transparente, con auditorias públicas y con un consejo de administración democrático del que formen parte trabajadores, ahorradores, representantes de PYMES y de la economía social y medio ambiental.
4- Que se protejan todos los puestos de trabajo de las entidades intervenidas y recapitalizadas con dinero público del FROB y eviten expedientes de regulación masivos o situaciones donde se puedan ver comprometidos los derechos de las y los trabajadores.
5- La inmediata paralización de los concursos públicos de todas las entidades de crédito intervenidas o financiadas por el FROB. No consentimos que con el dinero de los españoles se saneen entidades de crédito que luego vayan a ser absorbidas por entidades mayores a precios de saldo, sin que en ningún caso se haya podido ver beneficiada la sociedad en su conjunto, al dejarla huérfana de un sistema financiero que sea capaz de dar respuesta a sus necesidades y al de las PYMES, las cuales son las creadoras de alrededor del 80% del empleo en el Estado Español.
6- La utilización del parqué de inmuebles de las entidades rescatadas para promover alquileres a bajo coste para los más necesitados. Dichos inmuebles no podrán ser viviendas que hayan sido expropiadas a ciudadanos de bajos recursos, sino segundas o terceras viviendas de particulares. En todo caso, el dinero que dichos particulares han abonado en concepto de cuotas de hipoteca les debe ser devuelto.
7- La dación en pago con efecto retroactivo y el reconocimiento y la devolución del capital aportado por las familias, particulares y empresas mientras estas cumplían con los plazos de la hipoteca. Dicho capital debe ser devuelto en atención a la responsabilidad sobradamente probada que las entidades bancarias poseen en el actual escenario de crisis.
8- El alquiler o la refinanciación de la deuda a largo plazo y a un bajo interés como forma de atajar la cantidad de desahucios que se suceden todos los días.
9- Que en ningún caso las entidades de crédito intervenidas o recapitalizadas, especialmente las cajas de ahorros, puedan ver su obra social mermada o eliminada.
Porque los ciudadanos no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, porque ya está bien de pagar la crisis de otros, para que la crisis la paguen los que nos han llevado hasta aquí.
¡Democracia Real Ya! ¡Unidos por un cambio global!
Modificación por parte de DRY-Granada del orginal: http://norescatesabancos.democraciarealya.es/manifiesto/
